Decisión del Órgano Judicial anula postulaciones de Ricardo Martinelli, confirma Fiscalía Electoral
En un giro legal trascendental, la Fiscalía Electoral emitió hoy, jueves 8 de febrero, una opinión contundente sobre la situación jurídica del exmandatario panameño Ricardo Martinelli, destacando que la reciente decisión del Órgano Judicial conlleva la nulidad automática de todas sus postulaciones.
En un comunicado oficial, la Fiscalía Electoral expresó que la condena de prisión impuesta al candidato Martinelli Berrocal resulta incompatible con los preceptos constitucionales que rigen las postulaciones a cargos de elección popular. La sentencia emitida por el Órgano Judicial, que conllevó una condena de 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, desencadena una nulidad absoluta de sus postulaciones.
“La decisión del Órgano Judicial tiene un efecto jurídico constitucional que las autoridades deben respetar y ejecutar”, subraya el comunicado de la Fiscalía Electoral. Además, enfatiza que corresponde al Tribunal Electoral, en su función administrativa electoral, llevar a cabo la ejecución y cumplimiento de la sentencia emitida.
El Tribunal Electoral también se pronunció sobre el caso, recordando que, de acuerdo con el artículo 180 de la Constitución Política, aquellos condenados por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más están inhabilitados para ocupar el cargo de presidente de la República. En consonancia con ello, se comprometió a tomar las medidas correspondientes en cuanto reciba la copia de la sentencia en firme autenticada.
El comunicado del Tribunal Electoral enfatizó que se procederá al trámite correspondiente de manera expedita y conforme a la legislación vigente, confirmando así la imposibilidad de Martinelli de postularse para cargos de elección popular debido a su situación jurídica.
El exmandatario, quien se encontraba asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, ahora enfrenta la firmeza de la condena, lo que podría resultar en su captura. Su caso, emblemático en la historia política de Panamá, refleja la importancia de la aplicación imparcial de la ley y el respeto a los principios democráticos en el país centroamericano.